Hay instituciones que enfrentan críticas por las decisiones que toman. Otras enfrentan cuestionamientos por los resultados que no consiguen. La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua enfrenta un problema más profundo: una creciente discusión pública sobre su propia credibilidad.
Y en el centro de esa discusión se encuentra Abelardo Valenzuela Holguín.
Desde su llegada al cargo, el fiscal ha protagonizado una gestión marcada por la controversia, la confrontación política y los cuestionamientos sobre la independencia de la institución que encabeza. Lo que debía ser una dependencia enfocada en investigar posibles actos de corrupción terminó convirtiéndose en un actor recurrente dentro de las disputas políticas más relevantes del estado.
El problema no es únicamente la existencia de críticas. En democracia, todas las instituciones públicas deben rendir cuentas y soportar el escrutinio ciudadano. Lo preocupante es que, después de más de tres años de gestión, la principal conversación alrededor de la Fiscalía sigue relacionada con la confianza que genera quien la dirige.
Pocas fiscalías especializadas pueden darse el lujo de operar en medio de un ambiente permanente de sospecha. Mucho menos una Fiscalía Anticorrupción.
La legitimidad de este tipo de organismos depende de una condición fundamental: que la ciudadanía perciba que actúan sin compromisos políticos, sin favoritismos y sin influencias externas.
Cuando esa percepción se deteriora, la institución comienza a perder uno de sus activos más importantes.
Durante la administración de Abelardo Valenzuela, diversos episodios han contribuido a alimentar esa discusión. Su nombramiento estuvo rodeado por críticas desde la oposición. Posteriormente llegaron las disputas competenciales, los conflictos con autoridades federales y las controversias derivadas de investigaciones de alto perfil.
Cada uno de estos acontecimientos fortaleció una narrativa que la Fiscalía no ha logrado desmontar por completo.
El caso Javier Corral representó quizás el punto más alto de esa crisis de percepción. La confrontación trascendió las fronteras de Chihuahua y colocó a la Fiscalía bajo observación nacional. Lo que debía ser un procedimiento jurídico terminó convertido en un símbolo de la polarización política que rodea a la institución.
Y cuando una investigación genera más debate sobre las motivaciones de quienes la impulsan que sobre los hechos que se investigan, existe un problema de confianza que no puede ignorarse.
La situación se vuelve aún más delicada porque la Fiscalía no sólo enfrenta cuestionamientos externos. También carga con el desgaste acumulado de años de controversias que han impedido consolidar una imagen de autonomía plenamente aceptada por la opinión pública.
Ese desgaste tiene consecuencias.
Provoca que cualquier investigación relevante sea recibida con sospecha. Alimenta narrativas de persecución política. Incrementa la polarización. Y limita la capacidad de la institución para construir consensos alrededor de su trabajo.
Lo más llamativo es que la gestión de Abelardo Valenzuela ha logrado algo que parecía improbable: convertir a la propia Fiscalía Anticorrupción en un tema de controversia permanente.
La institución creada para investigar los escándalos ajenos terminó atrapada en una discusión constante sobre su propia legitimidad.
Hoy, más allá de los expedientes, los litigios y las resoluciones judiciales, la verdadera batalla de la Fiscalía parece librarse en otro terreno: el de la confianza ciudadana.
Y mientras esa batalla continúe sin resolverse, cada nuevo caso, cada nueva investigación y cada nuevo conflicto seguirá alimentando la misma pregunta que persigue a Abelardo Valenzuela desde su llegada al cargo: ¿ha logrado fortalecer la credibilidad de la institución o ha contribuido a profundizar las dudas que la rodean?
