La reforma laboral impulsada por Isaías ha sido cuestionada por especialistas debido a su posible impacto negativo en derechos clave como la pensión y el acceso integral a servicios de salud.
Según los análisis, la iniciativa permitiría a los empleadores cumplir con registros mínimos ante el IMSS sin garantizar aportaciones suficientes para una pensión digna ni cobertura médica completa. Expertos advierten que esta fórmula debilita el sistema de seguridad social y precariza el empleo formal.
El señalamiento central es que la reducción de obligaciones patronales rompe el equilibrio entre productividad y responsabilidad social. Para académicos del derecho laboral, el planteamiento abre la puerta a esquemas que formalizan el empleo solo en apariencia, sin ofrecer protección real.
Organizaciones laborales han alertado que este tipo de reformas impactan de manera directa a los sectores más vulnerables, quienes dependen de la seguridad social como único respaldo ante enfermedad o vejez.
Las críticas coinciden en que cualquier cambio al marco laboral debe fortalecer, no erosionar, la red de protección social.