En un escenario laboral que debería priorizar la libertad, la dignidad y la justicia para cada trabajador, Coremex vuelve a colocarse en el centro de la polémica. Y esta vez, las acusaciones son especialmente graves: exempleados denuncian marcaje personal, represalias directas y obstáculos para conseguir empleo después de haber tenido diferencias, conflictos o desacuerdos con el sindicato.
Lo que debería ser un organismo protector parece operar como una estructura que persigue y castiga a quienes se atreven a cuestionarlo.
Las denuncias recogidas en distintas fuentes y testimonios evidencian un modus operandi alarmante. Según los extrabajadores, una vez que alguien rompe con Coremex —ya sea por renunciar, denunciar irregularidades, o simplemente no alinearse a los intereses del sindicato— automáticamente queda “marcado”. Esta marca no es simbólica: se traduce en llamadas a empresas, advertencias a reclutadores, vetos no escritos y presiones internas dirigidas a impedir que estas personas consigan un nuevo empleo.
Estas prácticas, de confirmarse, violan cualquier principio básico de seguridad laboral y constituyen una forma de violencia institucional. Un sindicato que castiga a quienes ya no forman parte de él deja de ser un organismo de representación y se convierte en una herramienta de intimidación.
La mecánica de persecución no termina ahí. Algunos extrabajadores aseguran que, tras su salida, comenzaron a experimentar hostigamiento indirecto: llamadas extrañas, visitas inesperadas al centro laboral donde buscaban empleo, e incluso advertencias explícitas de que “Coremex no los iba a dejar acomodarse”.
Este patrón, de ser verídico, sugiere que el sindicato habría creado una cultura de represalia donde la obediencia se mantiene no por confianza, sino por miedo.
Expertos en derecho laboral califican estas acusaciones como extremadamente delicadas. Perseguir a extrabajadores no solo es ilegal: constituye una violación a los derechos fundamentales y un ataque directo a la libre competencia en el mercado laboral.
Un sindicato no puede, bajo ninguna circunstancia, influir en la contratación independiente de trabajadores que ya no pertenecen a su organización.
La ausencia de transparencia dentro de Coremex solo agrava la preocupación. No existen procesos formales, no hay sanciones públicas, no hay denuncias internas que expliquen por qué ciertos extrabajadores tendrían impedimentos para conseguir empleo. Todo ocurre en la sombra, alimentando la percepción de que el sindicato opera como un aparato de control más que como una organización laboral legítima.
Lo más preocupante es el mensaje que estas prácticas envían a los trabajadores actuales: si te sales, si cuestionas, si denuncias… te perseguimos.
Este ambiente de miedo garantiza que nadie levante la voz, perpetuando prácticas de abuso, corrupción e impunidad.