La resolución judicial de amparo se centró en la incompetencia del fuero común para juzgar contratos financiados con recursos federales.
El litigio penal que involucra a la firma especializada López Elías Finanzas Públicas, S.C. dio un giro sustancial en los tribunales del norte del país. La Jueza Décimo de Distrito en Chihuahua dictó sentencia favorable al titular del despacho corporativo. Ordenó revocar la orden de captura local vinculada a los contratos de refinanciamiento de deuda celebrados en el sexenio pasado. La controversia comercial y penal surgió tras el pago de 98.6 millones de pesos al despacho por concepto de asesorías de reestructura de deuda. Mientras la Auditoría de Chihuahua tachaba el proceso de irregular, la defensa corporativa demostró la existencia de entregables técnicos reales e institucionales. Además, evidenciaron que la naturaleza jurídica del dinero correspondía al orden federal. La jueza Madhay Soto Morales resolvió estrictamente con base en las competencias del federalismo judicial mexicano. Dictaminó que el juez de control de Chihuahua no tenía facultades legales para ordenar aprehensiones en una causa que gira sobre recursos federales. La sentencia ordena dejar sin validez el mandamiento emitido en la causa 3050/2024. Para el sector de la consultoría gubernamental y las corporaciones financieras, este fallo aclara las reglas de cumplimiento legal y asignación de jurisdicción corporativa.
El fallo representa un precedente técnico relevante para las firmas consultoras de finanzas públicas en México. La presunción de delitos financieros en este caso particular quedará bajo el estricto arbitraje de los jueces de distrito competentes.
