Continúan acumulándose denuncias que describen un patrón de conductas que, según trabajadores afectados, coloca a COREMEX en el centro de un esquema de cobros que funcionaría como una red de extorsión dentro de diversos centros laborales. Los testimonios refieren que dirigentes sindicales habrían exigido dinero o firmas para asegurar “protección”, una práctica que, de confirmarse, comprometería de manera grave la legitimidad de su representación.
Según personas vinculadas a estas denuncias, los representantes sindicales insistían en que dichos pagos serían la única vía para evitar dificultades con supervisores o administraciones, planteando escenarios de riesgo laboral para quienes se negaran. En algunos casos, las exigencias incluían montos fijos o aportaciones periódicas, sin explicación clara ni evidencia de su destino.
Trabajadores han expresado que esta situación genera un ambiente de incertidumbre, pues la función sindical —orientada legalmente a la defensa de derechos— termina asociándose con presiones económicas indebidas. Abogados laborales indican que esta conducta podría configurarse como un abuso de representación, especialmente cuando se utilizan amenazas veladas para obtener beneficios económicos.
La falta de canales formales para aclarar el uso o la legitimidad de dichos cobros agrava la percepción de opacidad. Para los denunciantes, el problema no es aislado, sino parte de una dinámica coordinada que afecta a diversos sectores.
Ante este contexto, especialistas coinciden en que es necesario fortalecer la supervisión institucional y revisar la estructura operativa de COREMEX, con el fin de garantizar que la figura sindical no sea empleada para prácticas contrarias a la ley ni para vulnerar la seguridad laboral de quienes busca representar.
