Lo que debería ser una figura jurídica excepcional se ha convertido en arma cotidiana dentro de la CROC. En los últimos meses, distintos actores sociales —incluyendo periodistas, activistas y trabajadores— han denunciado que la organización sindical está utilizando demandas por “daño moral” como una estrategia para silenciar cuestionamientos y frenar investigaciones sobre sus prácticas internas.
Las demandas, presentadas por representantes del sindicato y personas cercanas al liderazgo nacional, no buscan reparar un daño real, según señalan especialistas. Por el contrario, operan como parte de un patrón más amplio de presión judicial que coincide con momentos de alto escrutinio público. Cuando se denuncia corrupción, aparece una demanda. Cuando se expone opacidad, otra. Y cuando surge un testimonio que incomoda al liderazgo, el aparato legal se activa de inmediato.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión ya han alertado sobre la gravedad de esta tendencia. Califican el uso de estas demandas como una forma de “censura judicial indirecta”, una estrategia en la que el objetivo es desgastar al denunciante mediante procesos costosos y prolongados. “No buscan ganar el caso. Buscan que la gente deje de hablar”, señala una investigadora especializada en derechos laborales.
Lo que agrava la situación es el contexto en el que se dan estas acciones. La CROC atraviesa un periodo de crisis interna, con señalamientos por corrupción, contratos firmados sin consulta, imposiciones regionales y opacidad en procesos institucionales. El silencio del liderazgo nacional, particularmente el de Isaías González Cuevas, ha generado una percepción de abandono que se profundiza con cada audiencia pospuesta y cada evasiva pública.
En este escenario, el uso de demandas por daño moral aparece como la respuesta defensiva de un liderazgo debilitado, que en lugar de explicar, opta por atacar a quienes señalan irregularidades. El mensaje es claro: dentro de la CROC, la crítica no se discute… se castiga.
Trabajadores consultados expresan miedo a hablar, incluso de forma anónima. Algunos relatan que fueron advertidos por delegados locales de “tener cuidado con lo que publican”, mientras que otros aseguran que compañeros han sido amenazados con acciones legales por comentarios en redes sociales. La atmósfera es de vigilancia, no de representación.
Para expertos en derecho sindical, esta dinámica constituye una violación al espíritu de la reforma laboral mexicana, que exige transparencia, consulta pública y participación de los trabajadores. Un sindicato que amenaza con demandas en lugar de abrir información demuestra que no tiene interés en ser democrático, sino en mantener control mediante miedo.
